Ante denuncias del Sindicato Penitenciario sobre una supuesta obligatoriedad a los agentes penitenciarios afectados por COVID-19 para asistir a sus puestos de trabajo dentro de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este (CDE), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social recuerdan lo conversado hace ocho días atrás.
El día lunes 22 de junio durante una
reunión mantenida entre el Viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel
Guerreño, el Viceministro de Atención Integral a la Salud, Carlos Portillo y el
Director General de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, los agentes
penitenciarios manifestaron el interés de seguir desempeñándose dentro de la
penitenciaría para custodiar la seguridad. Mediante un trabajo coordinado con el
Consejo de Defensa Nacional (CODENA) se habilitaron dos albergues para separar
a los funcionarios con COVID-19 positivo de los negativos y dispuso un vehículo
para trasladar a los agentes penitenciarios sin COVID-19 para la custodia
correspondiente. A través de un trabajo articulado con la
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se distribuyen kits de alimentos a los
familiares de los funcionarios que se encuentran en los albergues. Los lugares habilitados para el
aislamiento preventivo cuentan con asistencia permanente de profesionales de
salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la Cruz Roja
Paraguaya. El Ministerio de Justicia envió un
contingente del Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios (GRAP) para
reforzar la seguridad y apoyar a los agentes penitenciarios que ofrecieron sus
servicios a pesar de la situación generada dentro de la penitenciaría de CDE.
El Ministerio de Justicia y el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social trabajan articuladamente para enfrentar la
pandemia en el sistema penitenciario y disminuir las posibilidades de
propagación del COVID-19.
