En la tarde de hoy, frente al Ministerio de Salud, la doctora Barán hizo entrega de la silla, adquirida por una familia que solicitó no ser mencionada, para ser donada al paciente.
El Ministerio de Salud ha realizado todas las gestiones en cumplimiento de un amparo judicial para la compra del dispositivo que no se encuentra en su listado, entre ellas, cinco llamados a licitación, los cuales fueron declarados desiertos ante la falta de oferentes. En el sexto proceso, adquirió una silla que fue avalada por la fisiatra tratante del niño y puesta a disposición del paciente en el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”.
No obstante, la familia rechazó ese dispositivo, solicitando la compra de una silla específica de una empresa que no se presentó a ninguno de los llamados previos. Ante esta situación, la Ministra de Salud gestionó la entrega de otra silla, de origen estadounidense, mediante la Fundación Solidaridad, hecha a medida del paciente, la cual actualmente se encuentra utilizando el niño con diagnóstico de hipotonía general y síndrome TBCK.
Ante una nueva situación planteada por otra profesional médica, y su análisis en el seno de una Junta Médica convocada el pasado viernes, el Ministerio de Salud ha iniciado otro proceso de compra por vía de la excepción de una silla postural específica, con una nueva orden médica. El primer llamado nuevamente quedó desierto al no presentarse ningún oferente, iniciando un nuevo proceso este jueves, 21 de marzo.
Igualmente, la Ministra de Salud siguió buscando alternativas para dar respuesta al pedido específico de la familia. En la tarde de hoy, frente al Ministerio de Salud, la Ministra María Teresa Barán hizo entrega de la silla, adquirida por una familia que solicitó no ser mencionada, para ser donada al paciente.
"Paralelamente también hemos hecho las gestiones para que algunas empresas o alguna familia pueda adquirir la silla, en atención a que no se presentaban oferentes a nuestros llamados", explicó la Ministra, destacando el esfuerzo realizado para encontrar una solución fuera de los procesos de licitación, a los que está obligada la institución estatal.
